La reforma a las leyes secundarias en materia de energía recientemente publicadas en México ha evolucionado para permitir la participación de inversionistas privados mediante contratos mixtos, en los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (Pemex) administran el 54% de los proyectos, mientras que el 46% restante corresponde a socios privados.

Se menciona que este modelo busca equilibrar el control estatal sobre los recursos estratégicos con la eficiencia y capital del sector privado, promoviendo un esquema de colaboración que ha sido utilizado con éxito en otros países, en los cuales se ha trabajado bajo la figura de Joint Venture, una forma en la que las empresas estatales y privadas trabajan en conjunto para desarrollar infraestructura, mejorar la producción y compartir riesgos.

A pesar de las oportunidades que brindan los contratos mixtos, aún persiste cierta incertidumbre entre los empresarios nacionales y extranjeros interesados en invertir en México. La administración del ex presidente Andrés Manuel mostró una postura adversa hacia la participación privada en diferentes temáticas para el desarrollo del bienestar económico y social del país, generando desconfianza y provocando una disminución en la inversión extranjera.

Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha expresado un claro interés en trabajar con el sector privado y ha fortalecido su relación con los principales organismos empresariales del país. Esta nueva política ha generado confianza entre los inversionistas, aunque también los mantiene en estado de alerta para evaluar cualquier cambio en el entorno regulatorio y político.

Aunado a la incertidumbre en el tema de los contratos mixtos, la situación internacional añade un factor de presión a la atracción de inversiones en México. La política económica de Donald Trump, centrada en recuperar beneficios para Estados Unidos, ha incentivado medidas para que las empresas estadounidenses mantengan sus inversiones dentro del país en lugar de expandirse al extranjero. Esta postura proteccionista podría representar un desafío para México, especialmente en sectores clave como la manufactura y la energía, donde la inversión extranjera es crucial para el crecimiento y modernización.

Por otro lado, las elecciones en Canadá también representan un reto para la región de América del Norte. Un posible cambio de liderazgo en el gobierno canadiense podría modificar las políticas comerciales y energéticas, afectando la estabilidad de los acuerdos trilaterales. En este contexto, la evolución de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los tres países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un factor determinante en la confianza de los inversionistas, pues hasta el momento, el TMEC ha servido como escudo ante el alza de tarifas a las importaciones de Estados Unidos.

El año 2025 se perfila como un periodo de cambios significativos. La revisión del T-MEC, la consolidación de los cambios tarifarios en Estados Unidos y el avance en los planes nacionales de desarrollo de cada país en América del Norte serán elementos clave para definir el panorama económico de la región.

A medida que estos factores se estabilicen, se espera una mayor certidumbre para las empresas extranjeras y nacionales interesadas en participar en el sector energético mexicano. En este contexto, los contratos mixtos podrían consolidarse como un mecanismo efectivo para atraer inversión, impulsar el desarrollo energético y garantizar la sostenibilidad del sector en el largo plazo.