Con motivo de la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, en este espacio hemos compartido información que resulte útil al lector a fin de continuar divulgando la importancia de reconocer los derechos de la comunidad. En años anteriores escribimos respecto a la equidad sustantiva, la cual se refiere a la igualdad de oportunidades y resultados en un entorno en el que se reconocen y abordan las diferencias estructurales que afectan a diversos grupos. La equidad sustantiva busca garantizar que todos los individuos alcancen un nivel comparable de éxito, considerando sus contextos y necesidades específicas.

Mientras que la igualdad formal garantiza el reconocimiento de los derechos ante la ley, la equidad sustantiva exige una intervención activa para eliminar las barreras estructurales, culturales y económicas que históricamente han impedido que diversos grupos sociales, incluida la comunidad LGBTIQ+, ejerzan plenamente su ciudadanía. Durante 2026, este principio no solo figura en el discurso político, sino que se ha integrado como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, respaldado por la creación de la Secretaría de las Mujeres con rango de Secretaría, lo cual marca un precedente histórico en la gestión pública del país.

La equidad sustantiva se mide actualmente mediante un ecosistema robusto de indicadores que coordina la Secretaría de las Mujeres junto con organismos como el INEGI y el CONEVAL, los cuales proporcionan la evidencia empírica necesaria para evaluar el impacto real de las acciones gubernamentales. Para el sector privado, el avance en la implementación dentro de las empresas puede ser medido en los reportes de sustentabilidad que se publican de manera anual, y que toman en cuenta consideraciones para su publicación de parte de empresas como EY, KPMG, PWC y Deloitte.

Respecto a las consideraciones de estas empresas auditoras, vale la pena preguntarse: ¿Cómo se mide la equidad sustantiva? Esta medición ha ido evolucionando de un simple recuento de personal a un sistema riguroso de analítica de datos. Actualmente, se evalúa mediante tres ejes fundamentales que permiten identificar sesgos invisibles.

En primer lugar, se realiza una auditoría de la brecha de compensación ajustada, la cual analiza la paridad en el salario base, bonos y beneficios para roles de igual valor; aquí, el éxito se determina a través del coeficiente más explícito, que verifica si cualquier disparidad responde a criterios objetivos de desempeño o a sesgos estructurales.

En segundo lugar, se emplea el análisis de flujo de talento, que mide la velocidad de ascenso y la tasa de promoción entre niveles jerárquicos para asegurar que el desarrollo profesional sea estadísticamente equitativo. Finalmente, se audita el índice de representación en el poder de decisión, centrando la evaluación en la participación real dentro de comités ejecutivos y consejos de administración, ponderando específicamente el nivel de influencia sobre la estrategia y el presupuesto de la organización.

El compromiso con la equidad no solo es un imperativo ético y un derecho fundamental, sino el nuevo estándar de gestión indispensable para las organizaciones, empresas públicas y privadas que buscan liderar en un entorno económico globalizado, donde la inclusión ya no es una opción, sino el fundamento de la sostenibilidad de sus operaciones.