Desde el sexenio pasado, la tendencia de eliminar barreras burocráticas para hacer más eficiente el desarrollo de las actividades gubernamentales, además de también repercutir en la atracción de inversiones. Aunado a esto, se establece que también es necesario este recorte de burocracia por un tema de ahorro presupuestal, el cual es un punto controversial que no se discutirá en este escrito.

El sector energía también se sumó a la lista de dependencias que recientemente recibieron una “simplificación administrativa”. El 30 de septiembre se publicó el acuerdo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto a esta simplificación, el cual considera la eliminación de 18 trámites, dentro de los que se encuentran: los trámites relacionados con la entrega de información de costos y tarifas reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos (TOSSB), incluyendo metodologías, variables y parámetros de revisión; Se eliminan trámites vinculados con afectaciones a instalaciones eléctricas, memorias técnicas descriptivas y sistemas de administración de indicadores.

A su vez, estos trámites también es muy probable que hayan cambiado también porque la autoridad a la que ciertos trámites debían ser dirigidos, cambió, como lo es la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) sustituída por la CNE. Este cambio implica una reconfiguración de competencias y responsabilidades, con el fin de centralizar y homogeneizar los procedimientos regulatorios, evitando duplicidades y mejorando la capacidad de la administración federal para supervisar el sector de manera más ágil y eficaz.

Asimismo, esta simplificación se enmarca en los objetivos del Plan México y de la nueva política energética nacional. En este sentido, la reducción de trámites se convierte en una herramienta clave para impulsar la inversión nacional y extranjera, agilizar los permisos de nuevos proyectos, y consolidar un entorno regulatorio que favorezca el crecimiento ordenado y sostenible del sector.

Se espera que esta medida se traduzca en resultados más proactivos, eficientes y menos tardados, lo cual permitirá acelerar el desarrollo de proyectos energéticos estratégicos, tanto públicos como privados. En un mercado cada vez más competitivo, donde la rapidez en la tramitación y la certeza regulatoria son factores determinantes, la política de simplificación administrativa representa un paso firme hacia la modernización del sector.

En Enicon, celebramos los esfuerzos gubernamentales por fortalecer la eficiencia institucional y facilitar la atracción de inversiones en el sector energético. Consideramos que la colaboración entre el Estado y la iniciativa privada será esencial para garantizar un desarrollo energético sustentable, basado en la innovación, la eficiencia operativa y el compromiso con el crecimiento económico del país.