Durante la administración federal actual, se ha dejado en claro que la energía es tema prioritario, y que se están estableciendo las bases para que el Estado vuelva a tener centralizada las responsabilidades y las directrices para cumplir con los objetivos establecidos.

En relación a ello, se suscita un hecho que remarca la centralización de las responsabilidades en materia energética. En Septiembre del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en contra de que los municipios tengan capacidades de cobrar algún tipo de impuesto respecto a construcción de infraestructura energética, así como el cobro de licencias de funcionamiento a productores de energía mediante plantas de energía solar, hidroeléctrica, entre otras.

El argumento legal utilizado para emitir esta sentencia fue que se contraviene el Artículo 27 constitucional, el cual dicta “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Podemos inferir que se refiere a “La Nación” como todo el territorio mexicano, sin caer en divisiones estatales ni municipales.

Inclusive, en otras leyes federales referentes al sector energético, como la Ley de Hidrocarburos, la Ley para el Sector Eléctrico, la Ley de Planeación y Transición Energética, se hace referencia que las capacidades de regulación del sector energético caen exclusivamente en entidades federales, como lo es la recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por lo que algún tipo de regulación estatal respecto a temas energéticos tendrían que estar dentro del marco de esta regulación.

Existen algunas variaciones dependiendo de cada uno de los 32 estados, por ejemplo hay algunos estados que tienen incluso una secretaría dedicada a temas energéticos, enfocados al desarrollo integral de estos temas en la entidad, algunos otros tienen comisiones dentro de las secretarías de desarrollo energético a fin de coordinar las inversiones en energía que llegan al estado.

Lo anterior depende principalmente del enfoque y la oportunidad de explorar temas energéticos en cada una de los estados en México, dado su desarrollo económico y sus principales actividades económicas también.

Con el fallo recién de la corte, y derivado de las diferencias en el marco normativo entre entidades federales, se reafirma la tendencia hacia la centralización del control y la regulación del sector energético en manos de la administración pública federal, delegando el papel de las entidades federales como responsables del desarrollo en sus territorios apegadas solo a la política nacional y a la regulación federal.